La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

Malformación en el feto es la causa más frecuente de abortos legales en Colombia

maria antonia alvarado — 2010-08-26T06:52:35Z

Entre el 2006 y el 2009 se registraron 649 casos de aborto al amparo de la sentencia que lo permite en casos de malformación del feto, peligro para la vida de la madre y violación.

En el 61,3 por ciento de los abortos registrados en el país entre el 2006 y el 2009, al amparo de la sentencia C-355, que despenalizó esta práctica en tres situaciones excepcionales (malformación en el feto, violación y vida de la madre en peligro), se argumentaron malformaciones en el feto.

Ese es uno de los principales hallazgos hechos por la Procuraduría General de la Nación durante el seguimiento llevado a cabo a la aplicación de dicho fallo en el país.

Para Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la Infancia y la Familia y caracterizada opositora al aborto, tantos casos de malformación harían pensar en un problema de salud pública "o puede que estemos utilizando las causales de excepción como método de carácter eugenésico" (la eugenesia busca el nacimiento de sólo los fetos sin defecto fisico).

Hoyos comentó que, en países como España, esta causal alcanza apenas el 2,8 por ciento, mientras el 96,9 por ciento obedece a riesgo para la vida de la madre, indicador que en Colombia es del 20 por ciento. Los casos por violación e incesto suman el 18,7 por ciento.

De acuerdo con el informe, elaborado en parte con el reporte de 16 secretarías departamentales de salud, en el periodo estudiado se registraron 649 abortos en el país, al amparo de la sentencia.

La lista la encabeza Bogotá con 219, seguida por Huila, con 88. El 85 por ciento de las mujeres que abortaron tenían 18 años o más; el 9 por ciento, de 15 a 17 años y el 6 por ciento, 14 años o menos. Frente a la objeción de conciencia (negativa del médico a practicarlo por conviccciones personales), la Procuraduría evalúa cómo abordarlo desde el ideario general o institucional en el caso, por ejemplo, de clínicas que por pertenecer a una confesión religiosa se nieguen a ejecutarlos. "El principio general es el derecho a la vida; a nadie se puede obligar a practicar un aborto", concluyó Hoyos.

El debate está servido

Paola Salgado Piedrahíta, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, cuestionó la postura de la Procuraduría: "Se ampara en su legalidad y usa su función para obstaculizar el derecho adquirido de las mujeres a interrumpir un embarazo de las condiciones señaladas por la Corte en la sentencia", dijo.

A Salgado le llama la atención que se desconozca que la interrupción del embarazo se estructuró sobre derechos humanos y fundamentales amparados por la Constitución. "En cuanto a las cifras, no tiene en cuenta el marcado subregistro del Ministerio en este tema, que invisibiliza la cantidad de mujeres a las que se les está negando ese derecho".

Explica que la mayoría de los abortos ocurre por deformidades incompatibles con la vida porque "a los médicos les queda más fácil establecer esta causal que otras, como los embarazos que son producto de violaciones. A estos últimos les ponen tantas trabas que las víctimas ni siquiera llegan a los hospitales".

Sandra Mazo, directora de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, afirma que la objeción de conciencia se convirtió en asunto institucional y no personal, como debería ser. Por eso, estima necesario que en cada hospital exista, al menos, un médico dispuesto a realizar la práctica. "Los obstáculos y los trámites hacen que las solicitudes se dilaten; mientras tanto, avanzan los embarazos", explica Mazo.

Para Héctor Zambrano, secretario de Salud de Bogotá, las discusiones sobre el asunto deben superar el marco moral y ubicarse en el terreno de la salud pública: "El problema mayor en este campo es el aborto clandestino, que acaba con la vida de miles de mujeres (...) En Bogotá se respeta este derecho, pero, más allá de eso, los administradores de salud deberíamos generar políticas integrales que promuevan la sexualidad responsable".

Pide Alianza Internacional de la Juventud incluir aborto en compromiso social

maria antonia alvarado — 2010-08-26T04:48:53Z

La declaración de recomendaciones será votada hoy por los delegados de ONG's y mañana será enviada al foro de Gobiernos para que sepueda convertirse en un compromiso internacional

Integrantes de la Alianza Internacional de la Juventud pidieron a 80 delegados de las ONG's que se incluya en su declaración de recomendaciones, incluir el derecho de las mujeres a abortar.

La declaración de recomendaciones será votada hoy por los delegados de ONG's y mañana será enviada al foro de Gobiernos para que sepueda convertirse en un compromiso internacional.

Oriana López, de la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual, indicó que "más del 50 por ciento de las muertes por abortos inseguros son en mujeres jóvenes, 2.5 millones de abortos inseguros ocurren en menores de 20 años en países en vías de desarrollo, eso no ocurre en países desarrollados porque tienen leyes mucho menos restrictivas”, enfatizó.

Los integrantes de la Alianza Internacional Juventud mostraron pancartas a favor del aborto mientras Margarita Zavala realizó un recorrido sobre las instalaciones del Poliforum, donde se desarrolla la Conferencia Mundial de la Juventud.

Procurador propone reglamentar tutelas en caso de abortos

maria antonia alvarado — 2010-08-26T04:26:01Z

En un informe presentado ante la Superintendencia de Salud, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado le pidió al Congreso “expedir leyes que regulen la tutela o “curatela” de niñas y adolescentes que soliciten la práctica de un aborto no constitutivo de delito”.

Según el jefe del Ministerio Público, la expedición de una reglamentación permitiría regular el acceso al aborto por parte de las mujeres que se encuentran dentro de las causales excepcionales de despenalización, las competencias disciplinarias del Tribunal de Ética Médica, el derecho a la libre asociación de las entidades privadas de salud y educación, y para que se proteja el derecho de objeción de conciencia de todas las personas e instituciones que puedan verse involucradas con la práctica del aborto.

Igualmente le recomendó a las autoridades de salud mejorar el registro de información relacionada con la práctica de abortos penalizados y despenalizados, al igual que realizar actividades de difusión de la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en casos excepcionales, enfatizando el carácter restrictivo de las causales de justificación de interrupción del embarazo allí contempladas.

“También deben tener en cuenta la protección constitucional establecida a favor de la vida del no nacido, advirtiendo de la ilegalidad de algunas prácticas y dando a conocer tanto las alternativas que existen frente al aborto, como el derecho que asiste a las pacientes que se lo hayan practicado, para acceder a servicios médicos y psicológicos, para atender los problemas que les ocasione el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo”, puntualiza Ordóñez Maldonado.

Calculan 50 mil interrupciones de embarazo en el DF desde 2007

maria antonia alvarado — 2010-08-25T22:46:47Z

Desde que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley que despenaliza el aborto en 2007 se han registrado en esta ciudad casi 50 mil interrupciones de embarazos, aseveró Leticia Cuevas, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

En entrevista, durante una "manifestación plástica" que se realizó del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, la activista aseveró que en el acto se colocaron 50 mil dibujos de siluetas de mujeres, en representación de aquellas que decidieron recurrir a la interrupción legal del embarazo.

Destacó que la Secretaría de Salud del Distrito Federal ha reportado aproximadamente 43 mil hasta julio, "pero también los servicios se están dando en hospitales privados, entonces nosotras hicimos un cálculo de que son casi 50 mil mujeres".

Con este tipo de acciones, dijo, "estamos evitando que las mujeres pongan en riesgo su vida, el principal objetivo es que no se mueran, ese es el mensaje que queremos dar, que son 50 mil mujeres que han salvado su vida porque han ido a un hospital, han sido atendidas y han hecho valer su derecho".

Destacó que entre los riesgos que se corren con los abortos clandestinos es que cuando las mujeres interrumpen su embarazo en condiciones inseguras les pueden causar la muerte o quedar secuelas físicas.

Leticia Cuevas refirió que la manifestación plástica "es una celebración” porque el 28 de agosto se cumplen dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en esta ciudad.

En este caso, la red junto con Imágenes Orgánicas decidieron manifestarse plásticamente, instalando 50 mil siluetas de mujeres en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, donde la muestra permanecerá.

Recordó que la decisión de la SCJN fue una resolución histórica, aunque las mujeres sabían que tenían la razón, porque todo el movimiento feminista ha sido amparado en un marco de derechos y la Constitución.

"Por eso, cuando se vino toda la controversia interpuesta por la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confiábamos en que la decisión de la corte se apegaría a la Constitución y así fue".

Procuraduría revela informe de Vigilancia a la Sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en tres casos excepcionales

maria antonia alvarado — 2010-08-24T21:28:26Z

En el marco de la primera rendición pública de cuentas de la administración del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó el Primer Informe de Vigilancia de la Sentencia C-355 de 2006.

A través de esta Sentencia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos específicos: Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Del Informe presentado por la Procuraduría, con base en cifras de los años 2007 a 2009, se destaca:

· 17 de las 32 Secretarías de Salud Departamentales han cumplido con su obligación de emitir lineamientos dirigidos al personal sanitario en relación con esta Sentencia.

· 25 regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) prestan actualmente servicios de asesoría integral a las adolescentes gestantes que se encuentren dentro de las causales referidas en la Sentencia C-355.

· Las EPS han reportado la realización de 106 asesorías integrales relacionadas con las causales de justificación penal del aborto.

· Las estimaciones sobre cifras de aborto clandestino disponibles están desactualizadas, y según la fuente citada varían entre 65.000 y 450.000.

· Según información del Ministerio de la Protección Social, hasta el 31 de diciembre de 2009 en Colombia se habían realizado 623 abortos no constitutivos de delito. El Ministerio ha invertido hasta la fecha 36 mil millones de pesos en la implementación de la Sentencia C-355 de 2006, así como en los derechos sexuales y reproductivos.

· Del número total de abortos no constitutivos de delito practicados y registrados por el Ministerio de la Protección Social, el 6% de ellos se han practicado en niñas de 14 años o menores, el 9% en adolescentes entre 15 y 17 años y el 85% en mujeres de 18 años o mayores.

· La causal más invocada para la práctica del aborto en Colombia es la grave malformación del feto que hace inviable su vida (61%).

· No existen lineamientos dirigidos al personal sanitario con el fin de garantizar a los bebés sobrevivientes a un intento de aborto, los mismos cuidados y tratamientos a que tiene derecho cualquier recién nacido.

· El 65% de los abortos no constitutivos de delito se han realizado dentro del régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud.

· La información recaudada hasta el momento sobre el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, no permite establecer si se ha convertido en una barrera para la realización de abortos no constitutivos de delito.

· Son mínimos los reportes sobre discriminación contra personal médico o administrativo, derivadas de la práctica de abortos o de la presentación de objeciones de conciencia.

· En cuanto a las medidas de apoyo para las mujeres gestantes, se observa que los subsidios alimentarios ofrecidos por las alcaldías son muy restrictivos; menos de la mitad de las Direcciones Regionales del ICBF vincularon adolescentes al programa “Casa de Madres Gestantes” y sólo el 40% de las Entidades Promotoras de Salud vincularon niñas y adolescentes con embarazos no deseados, a programas de asistencia y cuidado.

Recomendaciones de la Procuraduría a las entidades competentes

· Garantizar en debida forma los derechos de las mujeres gestantes que al estar amparadas en las situaciones excepcionales previstas en la mencionada Sentencia solicitan se les practique el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el cual debe estar disponible en todo el territorio nacional.

· Expedir leyes que regulen la tutela o curatela de niñas y adolescentes que soliciten la práctica de un aborto no constitutivo de delito, para regular el acceso al aborto por parte de las mujeres que se encuentren dentro de las causales excepcionales de despenalización, las competencias disciplinarias del Tribunal de Ética Médica, el derecho a la libre asociación de las entidades privadas de salud y educación, y para que se proteja el derecho de objeción de conciencia de todas las personas e instituciones que puedan verse involucradas con la práctica del procedimiento de IVE.

· Mejorar el registro de información relacionada con la práctica de abortos penalizados y despenalizados.

· Realizar actividades de difusión de la Sentencia C-355 de 2006, enfatizando el carácter restrictivo de las causales de justificación de aborto allí contempladas, así como la protección constitucional establecida a favor de la vida del no nacido, advirtiendo de la ilegalidad de prácticas eugenésicas y dando a conocer tanto las alternativas que existen frente al aborto, como el derecho que asiste a las pacientes que se lo hayan practicado para acceder a servicios médicos y psicológicos para atender los problemas que les ocasione el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

· Realizar un seguimiento a la salud mental de las mujeres que se practiquen abortos voluntarios con el fin de establecer cuál es el impacto que éste tiene sobre ellas a mediano y largo plazo.

· Realizar una encuesta entre el personal médico y los usuarios de servicios de salud, con el objetivo de establecer su nivel de conocimiento sobre cada uno de los tres casos excepcionales en que la práctica del aborto fue justificada penalmente, así como para dar a conocer el derecho que les asiste de objetar en conciencia.

· Adelantar estudios que permitan establecer con el mayor grado de certeza el número de abortos clandestinos que se realizan anualmente en Colombia, el número y tipo de complicaciones para la salud de la mujer que se derivan de ellos, el costo de su atención por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como el número de muertes ocasionadas por esta causa.

El Procurador General propondrá un proyecto de ley que garantice la protección del derecho fundamental a la objeción de conciencia que asiste a todas las personas, en relación con la práctica de los abortos no punibles. De la misma manera liderará el cumplimiento de la orden dada por la Corte Constitucional en la sentencia T-388 de 2009, referente al diseño y ejecución de campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en consonancia con lo establecido en la Sentencia C-355 de 2006, buscando la armonización de los derechos de las mujeres con la protección de la vida del no nacido.

El Informe fue elaborado en el marco del Sistema de Vigilancia Superior a la Garantía de los Derechos desde la Perspectiva de Género que adelanta la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, con base en la información remitida a la Procuraduría por parte del ICBF, el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia de Salud, las Comandancias de Policía, las Procuradurías Regionales y Provinciales, las Secretarías de Salud Departamentales, los Tribunales de Ética Médica y las Alcaldías Municipales.

Límites al Procurador

maria antonia alvarado — 2010-08-17T15:50:47Z

Mediante un histórica sentencia, la Corte Constitucional despenalizó en 2006 la interrupción del embarazo en tres circunstancias: violación, peligro para la salud de la madre y malformación del feto.

A la sentencia la prosiguió un conjunto de normas que garantizaron el acceso oportuno y seguro al aborto. Tres años después, y ante el desconocimiento general de la reglamentación, la Corte consideró necesario impartir cátedras en los colegios sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Derechos que, entre otras, hacen parte de los derechos humanos y, en cuanto tales, son la base fundamental de los estados democráticos.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, consideró, sin embargo, que al obligar la divulgación de estos derechos, la Corte se había extralimitado en sus funciones y añadió, además, que tal decisión desataría un problema al exponer a los estudiantes a un tema complejo que sólo conduciría al fomento de su práctica. Insólito argumento, sin duda, pues si de complejidad se tratara, serían varios los derechos que deberían encubrirse y si el abuso de un derecho conllevara a su eliminación, ya no nos quedaría ninguno. Además, no deja de ser extraño que —después de vivido el Siglo de las Luces— se busque ocultar de las escuelas los derechos aprobados por la Constitución, cualesquiera que sean.

Aunque la petición de nulidad del Procurador fue rechazada, el episodio deja de nuevo el sinsabor de lo que en un contexto amplio puede considerarse un manejo inadecuado del poder, el cual ya está siendo denunciado internacionalmente. El 8 de junio del año en curso la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, recibió una carta del Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York pidiéndole que revisara la donación que hace su país para promover los derechos en Colombia, teniendo en cuenta que es la Procuraduría la institución que administra los 2,9 millones de dólares que entrega anualmente USAID para este propósito.

En esta carta, la presidenta del instituto, Nancy Nothop, se lamentaba de que el procurador actual, en lugar de utilizar el alto cargo que desempeña para promover los derechos humanos, esté adoptando medidas que socaven los recién adquiridos. Women's Link Worldwide, organización internacional que promueve la equidad de género desde el derecho y en defensa de los derechos adquiridos por las mujeres, ha apoyado el Centro neoyorquino. En su comunicado de prensa lamentó el retroceso y anunció su esperanza de que la Secretaria de Estado abordara el tema en su visita. No obstante, en su intervención, Clinton se limitó al Plan Colombia y al TLC.

Pese a ello, el hecho es claro: hay un reconocimiento de los malos manejos que le ha dado el Procurador al poder que le otorga su cargo. Una muestra más de ello es el nombramiento de Ylva Myriam Hoyos, abierta opositora de la despenalización del aborto, como procuradora delegada para la defensa de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y la familia. Como lo denunció el Centro neoyorquino, la procuradora fue fundadora de la Red Futuro Colombia, organización que ha logrado suspender más de una vez las normas que permiten el acceso de las mujeres a los procedimientos de aborto protegidos por la Constitución.

Así las cosas, cabe preguntarse: ¿Cuál es el sentido de poner como defensores de los derechos a aquéllos que pretenden transgredirlos?

Ligadura y vasectomía sí serán gratis

maria antonia alvarado — 2010-08-15T00:30:00Z

Con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, la Corte Constitucional dio vía libre al proyecto de ley que avala la vasectomía y la ligadura de trompas de manera gratuita.

A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo en cuanto a que el costo de dicho proyecto superaría los 400 mil millones de pesos, la decisión está consignada en la sentencia C-625 de 2010, en la cual el Tribunal declara infundadas las objeciones presidenciales formuladas contra dicha iniciativa y la considera exequible.

La decisión determina que con el proyecto, cuestionado por el ex presidente Álvaro Uribe, no se desconoció la norma orgánica del presupuesto que exige hacer explícito el impacto fiscal de todo proyecto de ley que ordene gasto u otorgue beneficios tributarios.

Ante los reproches presidenciales por los elevados costos, la Corporación consideró que teniendo en cuenta que los procedimientos de esterilización quirúrgica como la vasectomía y la ligadura de trompas hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, el costo financiero adicional sería, según cifras del propio Ejecutivo, relativamente marginal.

Esa afirmación fue sustentada en que "más del 79,3% de los habitantes del territorio nacional son afiliados al régimen contributivo o bien al régimen subsidiado".

En cuanto a la población no afiliada, la decisión señala que "las cifras planteadas por el Gobierno fueron calculadas bajo el supuesto de que todas las personas en edad reproductiva y sin acceso a los servicios de la seguridad social, solicitarán la realización de uno de tales procedimientos, ignorando con ello claros y evidentes factores estadísticos que acortarían en términos notoriamente inferiores la demanda de esos servicios y por ende reducirían ese impacto financiero".

Teniendo en cuenta el volumen de población en edad reproductiva, el Ejecutivo concluyó que el costo fiscal sería cercano a los 400 mil millones de pesos, e inclusive señaló que "no haberse definido una fuente de ingreso adicional a partir de la cual se pueda cubrir este importante costo, el proyecto sería contrario a tales criterios, por lo que debería ser negado por el Congreso de la República".

En ese sentido, el magistrado ponente, Nilson Pinilla, señaló que a pesar de haber sido alertadas por las intervenciones del Gobierno y de haber estudiado tales aspectos, el Legislativo decidió aprobar el proyecto de ley "resaltando la importancia de que el Estado colombiano brinde facilidades para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de sus habitantes".

Fuente: Colprensa

La Corte Constitucional protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas

maria antonia alvarado — 2010-08-14T20:05:11Z

Los mandatos de la Sentencia T388/09 van más allá de “la cátedra del aborto”, tienen que ver con el acceso al aborto legal y seguro sin obstáculos ni barreras.

Es importante que las mujeres y niñas en Colombia conozcan sus derechos para que puedan ejercerlos con libertad.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres recibe con beneplácito la decisión de la Corte Constitucional que niega el incidente de nulidad al contenido de la Sentencia T388/2009 interpuesto en octubre pasado por Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación. La Corte Constitucional está cumpliendo su función fundamental de velar por los derechos humanos, corrigiendo cualquier desbalance que exista y que ocasione vulneraciones a los derechos de las mujeres.

En la Sentencia T388/09, la Corte Constitucional reconoce la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas y sus alcances van más allá de lo que se ha denominado como “la cátedra del aborto”, su principal mandato es la obligación del Estado Colombiano y del sistema de salud de garantizar a las colombianas el acceso sin obstáculos ni barreras, a los servicios para el aborto legal y seguro cuando las mujeres se encuentren bajo las tres causales de aborto despenalizadas en la Sentencia C355/2006 [1], lo que significa la materialización efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las Mujeres. La sentencia menciona las consecuencias prácticas para las instituciones de salud públicas y privadas, laicas y confesionales en lo concerniente a la prestación del servicio de salud para la Interrupción Voluntaria del Embarazo - IVE.

La Corte Constitucional en su decisión también delimita el alcance de la objeción de conciencia que sólo puede ser invocada de manera individual y no en forma colectiva o por las instituciones; mencionando además que las autoridades judiciales no pueden excusarse de administrar justicia basadas en sus creencias religiosas para dejar de cumplir una norma que ha sido adoptada en armonía con los preceptos constitucionales.

Cuando el Procurador General de la Nación interpuso el incidente de nulidad en octubre del año pasado, las organizaciones de mujeres se pronunciaron rechazando la actuación de Alejandro Ordoñez, realizando múltiples acciones de carácter jurídico y político, como el envío a la Corte Constitucional de más de 240 intervenciones ciudadanas provenientes de varias ciudades del país, que aportaron elementos y argumentos para su estudio en esta decisión. Así mismo La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres acudió a una audiencia en marzo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que denunció las posturas de funcionarios de la Procuraduría quienes desde los altos cargos que ocupan defienden posiciones personales y confesionales en contravía del cumplimiento de sus deberes y los preceptos constitucionales.

Estas actuaciones también se hicieron del conocimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el reporte general que la Comisión Colombiana de Juristas presentó sobre la situación de DDHH en Colombia, con un aparte sobre “el acceso al aborto en condiciones dignas” que La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres aportó documentando los graves obstáculos que deben enfrentar las mujeres que se encuentran en las causales que contempla la Sentencia C355/06 para acceder al aborto legal y seguro.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su grave preocupación ante el incumplimiento por parte del Estado Colombiano con las sentencias de la Corte Constitucional que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas, también indicó su inquietud porque el Procurador General de la Nación no apoya la aplicación de la sentencia que despenaliza el aborto.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres rechaza las recientes declaraciones del Procurador General refiriéndose a la decisión de la Corte Constitucional como un acto totalitario que obligaría a actuar en contra de la conciencia; esta interpretación tendenciosa desconoce la existencia de la ley, que delimita la objeción de conciencia como en el caso de todos los derechos que no son absolutos. Lo importante en la decisión de la Corte Constitucional es que dispone que las ciudadanas conozcan sus derechos para que tengan la libertad de decidir de acuerdo con su conciencia. Funcionarios y autoridades deben brindar información adecuada y respetar las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos y su bienestar.

La Corte Constitucional tiene un papel fundamental para la garantía y protección de los Derechos Humanos y con esta importante decisión manifiesta a las colombianas su compromiso en el cumplimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres con sujeción a las reglas y principios constitucionales.

Las Mujeres de Colombia saludan a la Corte Constitucional con esta decisión que fortalece nuestra ciudadanía.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres www.despenalizaciondelaborto...

[1] Las tres causales despenalizadas por la Sentencia C-355/06 son: (i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico y (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas, o de incesto.

El derecho a la salud sexual

maria antonia alvarado — 2010-08-12T04:23:00Z

En un informe, Human Right Watch advirtió que no se cumple en Argentina con la ley de salud sexual y reproductiva. Denunció que miles de mujeres cada año deben enfrentar numerosas trabas para acceder a esos servicios. También reclamó la legalización del aborto.

La organización internacional Human Right Watch criticó la “falta de decisión política” del Gobierno para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el país y denunció que miles de mujeres deben enfrentar numerosas trabas en los servicios de salud para acceder a métodos anticonceptivos, procedimientos de ligaduras tubarias y abortos permitidos por la ley. “Parece que no hay conciencia de que los derechos sexuales y reproductivos son un componente importante de cualquier agenda de derechos humanos”, consideró el abogado José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, al presentar un informe sobre la temática realizado por la entidad, en el que advierte que la falta de supervisión y rendición de cuentas en la implementación de las leyes vigentes de salud sexual y reproductiva son los principales problemas que generan que “se continúe denegando a mujeres y niñas una atención adecuada”. HRW reclamó además que el Congreso avance con una reforma legislativa que legalice el aborto. “No cabe la menor duda de que los derechos a la autodeterminación y a la salud de la mujer son los que deben primar en esa materia y así lo establecen tratados internacionales de derechos humanos y derechos de la mujer, que Argentina ratificó de buena fe”, dijo Vivanco en declaraciones a Página/12.

Es la segunda vez que la organización internacional de derechos humanos pone el foco sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en el país. Su primer informe fue publicado en 2005. El nuevo relevamiento, presentado ayer en el Salón Arturo Illia del edificio Anexo del Senado, lleva por título “¿Derecho o ficción? La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva”. El documento se basa en investigaciones de campo realizadas entre febrero y marzo en el ámbito metropolitano por Marianne Mollman, directora de abogacía de la División de Derechos de las Mujeres de HRW, cuya sede está en Nueva York.

Mollman entrevistó a profesionales de la salud, funcionarias del área, usuarias de los servicios y referentes de ONG e investigadoras académicas. “Entre el primero y el segundo informe no hemos detectado mayores progresos”, objetó Vivanco y detalló que los obstáculos más comunes que enfrentan mujeres y jóvenes, según el relevamiento, “incluyen prolongadas demoras en la prestación de servicios, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia ilegal de autorización del esposo –cuando se pide una ligadura tubaria, por ejemplo– y, en algunos casos, directamente la denegación del derecho a la atención.” Como resultado directo de esas trabas, dice el informe, a menudo mujeres y adolescentes no pueden tomar decisiones independientes sobre su salud, y muchas se enfrentan a embarazos no deseados o con riesgo para su salud. Vivanco se sorprendió por el elevado porcentaje de embarazos no deseados que son interrumpidos mediante abortos en el país, de alrededor del 40 por ciento, en muchos casos practicados de forma insegura, como consecuencia de la penalización de esa práctica. “Esto es realmente chocante”, consideró. Mollman, quien acompañó a Vivanco en la presentación del informe, precisó que los embarazos no deseados en la región Latinoamérica oscilan entre el 15 y el 20 por ciento, una proporción significativamente menor al de Argentina. Vivanco aclaró que todos los datos que recoge el estudio provienen de fuentes oficiales. “La actitud del gobierno argentino no es sólo errática sino ausente en esta materia”, lamentó el directivo de la organización. Y cuestionó que se haya dado marcha atrás en la decisión de avalar con una resolución del Ministerio de Salud la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por esa propia cartera.

“Claramente, las políticas sobre salud reproductiva de Argentina no son perfectas, pero si se implementaran evitarían en gran medida los padecimientos que advertimos al realizar la investigación para este informe”, opinó Vivanco.

Fuente: Página 12 - Autora: Mariana Carbajal

La cruzada del Procurador

maria antonia alvarado — 2010-08-12T02:45:18Z

La interrupción voluntaria del embarazo en las tres circunstancias extremas hace parte de los derechos humanos y por lo tanto su garantía le compete al Procurador, gústele o no.

Durante el primer año y medio de gestión del Procurador Alejandro Ordoñez, se han radicado 17 quejas disciplinarias ante la Corte Suprema de Justicia en su contra. Entre ellas, se encuentran denuncias sobre el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales por desconocer el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Ahora, las actuaciones del Procurador también han recibido atención internacional.

La semana antepasada, el Comité de Derechos Humanos de la ONU felicitó al Estado colombiano por haber avanzado en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, con la adopción de la sentencia C-355/2006 de la Corte Constitucional. En ésta, se despenalizó el aborto en tres circunstancias extremas: cuando la mujer haya sido víctima de una violación o incesto, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando el feto presente graves malformaciones que hagan inviable su vida fuera del útero.

Sin embargo, el Comité también expresó preocupación por la implementación de la sentencia, tanto porque algunos proveedores de salud se niegan a practicar abortos legales, como por la insuficiencia de educación sexual en los colegios y de información pública sobre cómo acceder a un aborto legal. Especialmente critica al Procurador General por su falta de apoyo en la aplicación de esta sentencia e insta al Estado para que asegure que proveedores de salud y profesionales médicos no se nieguen a practicar abortos legales, y facilite el acceso a información pública sobre cómo acceder a un aborto legal.

Hace casi un año, en la sentencia T-388/09, la Corte Constitucional ya le había dado el carácter de órdenes a las recomendaciones planteadas por el Comité. Allí, la Corte ordenó el diseño e implementación de “campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos” y a todas las EPS e IPS, públicas y privadas, laicas y confesionales, a contar con profesionales de la medicina para atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos extremos.

En vez de acatar las órdenes de la sentencia, el Procurador solicitó su nulidad, y todo indica que también va a irrespetar las recomendaciones de la ONU. Todavía no se ha pronunciado públicamente respecto a estas recomendaciones, pero es revelador que, mientras se publicaron las recomendaciones, el Procurador se encontraba en el X Encuentro de Gobernadoras y Gobernadores, donde firmó con ellos un Acuerdo de voluntades por el respeto a la vida de los niños y las niñas, uno de cuyos puntos dice: “La vida de los niños, niñas y adolescentes debe ser respetada y protegida de manera absoluta. Desde el primer momento de su existencia en el seno materno, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, del derecho inviolable de la vida.”.

Cabe aclarar dos puntos importantes. Primero, a través de la sentencia C-355/06, se reconoció la constitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo en las tres circunstancias extremas mencionadas, y que es uno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que hacen parte de sus derechos fundamentales. Por ende, alegar la protección en cualquier circunstancia del derecho a la vida “desde el primer momento de su existencia en el seno materno” demuestra un flagrante irrespeto por la jurisprudencia constitucional y los derechos de las mujeres. Segundo, el mandato de la Procuraduría General de la Nación es vigilar el cumplimiento de la Constitución y las decisiones judiciales y promover la protección de los derechos fundamentales existentes.

Colombia reconoce la libertad de opinión, pero en el ejercicio de su función pública, el Procurador tiene la obligación de respetar y hacer garantizar todos los mandatos de la ley, conforme a la Constitución y no de acuerdo a sus convicciones u opiniones personales. No es opcional darles prevalencia a unos derechos sobre otros. Tampoco hace parte de sus funciones otorgarles el carácter absoluto a algunos derechos, como el derecho a la vida del feto, anulando así otros como el derecho a la vida de la mujer. Asimismo, no es compatible con la función del Procurador negarse a apoyar la implementación de la despenalización parcial del aborto.

Esperemos entonces que tome las recomendaciones de la ONU más en serio de lo que ha hecho hasta el momento con las órdenes de la Corte Constitucional, aunque estas recomendaciones tienen menos obligatoriedad. Porque la interrupción voluntaria del embarazo en las tres circunstancias extremas hace parte de los derechos humanos y por lo tanto su garantía le compete al Procurador, gústele o no. Y si a él no le importa este hecho, debería importarle a la Corte Suprema de Justicia revisar las quejas disciplinarias en su contra.

Annika Dalén *Investigadora asistente del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJuSticia (www.dejusticia.org)