Mauricio Santamaría fue el elegido por el presidente electo, Juan Manuel Santos, para ser el ministro de la Protección Social.
Santamaría recibe una de las carteras con mayores retos. Ese ministerio se encarga del manejo de las políticas sobre salud y empleo. Por el lado de la salud, recibe un sistema con dificultades financieras que intentaron solventarse con la declaración de la Emergencia Social a comienzos de este año. Pero la Corte Constitucional encontró que aquella decisión del gobierno no se ajustaba a las normas. En consecuencia, los recaudos de dinero para financiar el sistema tienen que tramitarlos el Congreso. Mientras tanto, las Empresas Promotoras de Servicios de Salud (EPS) siguen esperando que el Gobierno les pague millonarias deudas por atenciones que han brindado.
“Un reto que tiene que asumir el Ministro es presentar un proyecto de ley para hacer una reforma de la salud porque después de la Emergencia Social, solo se ha sacado adelante la ley que sube los impuestos al licor, a los juegos y al tabaco para aumentar los ingresos del sistema. Pero toda la salud está en crisis financiera e institucional porque hay un lío en torno a quién asume algunos gastos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”, dice César Giraldo, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional.
En materia laboral, recibe un desempleo que en mayo llegó al 12,1 por ciento. Es decir, para ese mes había en el país 2,6 millones de desempleados. Al mismo tiempo, el subempleo asciende al 12,5 por ciento.
Giraldo señala que “el problema es que, por una parte, en Colombia el desempleo es el más alto de América Latina. Y adicional a eso, cuando la economía crece, no baja el desempleo, y cuando cae la economía, baja el empleo. Es decir, no hay un crecimiento económico que arrastre el crecimiento del empleo. Esa es una situación que se encuentra el Ministro que llega a esta cartera”.
Santamaría, el nuevo ministro que tiene como tarea buscarles solución a estos problemas, es economista de la Universidad de los Andes y máster y Ph.D en Economía de la Universidad de Georgetown, en Washingon.
Su tesis de doctorado fue un análisis empírico de la desigualdad del ingreso y la pobreza en Colombia entre los años 80 y 90. En ella, hace énfasis en los efectos que han tenido sobre los ingresos de los hogares el mercado laboral en el país, las decisiones de las instituciones y el comercio exterior. Luego, estableció la relación entre esas variables con la distribución de la riqueza.
“Adicionalmente, se utilizaron modelos de oferta y demanda de trabajo para estudiar la relación entre la calificación de los trabajadores, la composición industrial, los salarios y el comercio exterior”, según dice en su hoja de vida.
Fue subdirector de Fedesarrollo, una fundación que surgió de “un interés real de la empresa privada por apoyar la fundación de un centro de investigación independiente que contribuyera a la formación de dirigentes con un profundo conocimiento de la realidad económica del país y que a su vez, permitiera establecer un vínculo más estrecho entre las universidades, los líderes del gobierno y la empresa privada”, según dice en la página web de la organización.
En ese puesto, Santamaría tenía funciones administrativas, como conseguir recursos para la fundación, y hacía investigaciones sobre la informalidad laboral, salud, educación y el diseño de mecanismos para recaudar información al respecto.
Desde aquella posición, ha defendido la eliminación de los parafiscales, que son los aportes que los empresarios hacen a las cajas de compensación para mejorar el bienestar de los empleados, al Sena y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Al respecto, Juan Manuel Santos dijo durante su campaña que “yo creo que no se pueden desmontar los parafiscales. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el costo-beneficio sobre esa decisión resulta que el beneficio es mucho menor que el costo. El beneficio es, por una sola vez, la creación de entre 200.000 y máximo 300.000 empleos. En cambio, el costo es desfinanciar unas instituciones que están generando mucha prosperidad y que están ayudando a la creación de empleo, como, por ejemplo, el Sena”.
Pero Santamaría defiende que si los empresarios pagan estos costos, se genera desempleo e informalidad laboral. En encuentros académicos y en documentos, ha propuesto que éstos sean remplazados por un IVA adicional para los empresarios.
“¿Que si son un obstáculo para la creación de empleo?. No creo”, dijo Santos en su campaña. Y explicó que la fórmula podría aplicarse para las pequeñas, que son las que generan el 80 por ciento del empleo. Pero, según Santos, la mayoría fracasan en los primeros tres años. “Ahí podemos hacer una serie de exenciones e incentivos, como por ejemplo, no tener que pagar los parafiscales o cruzar los parafiscales con el IVA, para que esas empresas, que está comprobado, después de dos años empiezan a funcionar solas, tengan la posibilidad de crecer, permanecer y formalizarse”, propuso Santos.