Según el jefe del Ministerio Público, la expedición de una reglamentación permitiría regular el acceso al aborto por parte de las mujeres que se encuentran dentro de las causales excepcionales de despenalización, las competencias disciplinarias del Tribunal de Ética Médica, el derecho a la libre asociación de las entidades privadas de salud y educación, y para que se proteja el derecho de objeción de conciencia de todas las personas e instituciones que puedan verse involucradas con la práctica del aborto.
Igualmente le recomendó a las autoridades de salud mejorar el registro de información relacionada con la práctica de abortos penalizados y despenalizados, al igual que realizar actividades de difusión de la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en casos excepcionales, enfatizando el carácter restrictivo de las causales de justificación de interrupción del embarazo allí contempladas.
“También deben tener en cuenta la protección constitucional establecida a favor de la vida del no nacido, advirtiendo de la ilegalidad de algunas prácticas y dando a conocer tanto las alternativas que existen frente al aborto, como el derecho que asiste a las pacientes que se lo hayan practicado, para acceder a servicios médicos y psicológicos, para atender los problemas que les ocasione el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo”, puntualiza Ordóñez Maldonado.
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