El procurador, Alejandro Ordóñez, dio un nuevo y polémico paso en su cuestionada cruzada contra los tipos de aborto que permite la ley. Ordóñez pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigar a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas Silva, por concederle una tutela a una mujer que tuvo que abortar clandestinamente porque ningún centro médico lo quiso hacer, a pesar de que el suyo era uno de los tres casos despenalizados por la Corte.
El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2009, cuando la mujer, de 24 años, con diez semanas de embarazo de alto riesgo, acudió al Hospital de Villavicencio para abortar. Los médicos se negaron escudados en la objeción de conciencia. Frente a esto, acudió a una tutela que fue estudiada por la Corte. En este proceso, la mujer abortó.
El procurador consideró que los magistrados, al conocer el caso, debieron denunciar a la mujer, pues, en su criterio, cometió un acto ilegal. Lo que no ha dicho el procurador es cómo obtuvo los datos de la paciente, que son reservados, por qué no demandó a otros magistrados y por qué no ordenó investigar a los médicos y al hospital público que se negaron a practicar un aborto que era legal, y obligaron a la paciente a cometer un acto desesperado.
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