Era el tema más polémico de la ley. La posibilidad de que las menores de edad se sometieran a un aborto sin el consentimiento paterno. La norma estatal finalmente consagra el derecho de las menores a abortar sin la autorización de los padres siempre y cuando exista una imposibilidad manifiesta para comunicar la decisión.
Las clínicas privadas de Asturias, justo ahora que se cumple el primer año de aplicación de la ley, manifiestan que este tema, el aborto en menores, no ha generado problemas en Asturias. Las clínicas subrayan que el número de adolescentes de 16 y 17 años que deciden interrumpir la gestación es porcentualmente escaso, no más del 4% en el conjunto de España. La mayoría de ellas, hasta un 90%, según Eugenio Civieta, director médico de la Clínica Buenavista de Oviedo, acuden con sus padres que dan además su consentimiento. Civieta apunta que en este primer año de aplicación de la nueva ley apenas han contabilizado uno o dos casos de menores que llegan sin sus padres. Las clínicas cuentan para eso con protocolos y con asesoramiento jurídico para garantizar el acceso de las menores a la aborto. El problema del embarazo adolescente es, si cabe, más grave en el colectivo de las mujeres inmigrantes. Muchas de ellas acuden solas porque sus padres residen en el extranjero, lo que dificulta los trámites. Entre las españolas, según datos facilitados ayer por la asociación de clínicas acreditadas, el 90% llegan a los centros con sus progenitores que, además, dan su consentimiento para la práctica del aborto.
Primer balance La asociación de clínicas de toda España, que representa en Asturias a las tres acreditadas —Buenavista, Belladona y Sirona— realizó ayer un primer balance del año de aplicación de la ley. Las clínicas, tal y como adelantaba ayer este periódico, reconocen que el número de abortos ha descendido por dos factores. Primero, por la reducción de mujeres en edad reproductiva. Y, segundo, por el freno a la inmigración. La crisis económica ha obligado a muchas mujeres extranjeras a volver a sus países de origen ante la falta de expectativas laborales.
La asociación de clínicas autorizadas para la práctica de abortos abunda además en otro argumento, recogido ya por LA VOZ. Y es que las desigualdades autonómicas en la aplicación de la ley se están cronificando; hasta el punto de que el derecho al aborto se ejerce de forma muy diferente según la comunidad de residencia. Asturias se sitúa, según la asociación de clínicas privadas, entre las comunidades que mejor están aplicando la nueva ley. Blanca Cañedo, vocal para Asturias de la asociación nacional, indica a este periódico que la información que reciben las mujeres de Asturias es la correcta y que los trámites se agilizan porque las mujeres pueden resolver todos los aspectos burocráticos en la clínica elegida. La situación difiere mucho en otras comunidades. Algunas obligan a las mujeres a acudir antes al médico de familia para su derivación a la clínica, lo que puede poner en riesgo la confidencialidad del proceso. Otras exigen el pago previo a las mujeres para reintegrárselo más tarde.
La nueva ley del aborto consagra el derecho a interrumpir la gestación, de forma libre, hasta la semana 14 de gestación y con cargo a las administraciones públicas. En el caso de Asturias, las mujeres pueden interrumpir su embarazo en las clínicas, siempre y cuando cumplan los requisitos legales, que facturan después los cargos al Servicio de Salud del Principado. La Administración autonómica se compromete a abonar una cantidad cercana a los 400 euros por cada intervención quirúrgica practicada.
La Consejería de Salud, de momento, no ha querido valorar la marcha de la ley. Amelia González, directora general de Salud Pública, explicaba a este periódico, hace ahora un año, que no era de prever que la reforma legal acabara provocando un aumento de las interrupciones del embarazo.
Fuente: www.lavozdeasturias.es
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