Después de casi tres años de venir realizando diversas acciones a favor del cumplimiento de la sentencia C355 y las reglamentaciones conexas, La Mesa entrará en una etapa de consolidación de sus estrategias en los próximos tres años para ampliar el marco de cumplimiento de las normas vigentes contribuyendo a romper las barreras que actualmente impiden el acceso opor tuno y seguro a la IVE y encaminarse, a largo plazo, hacia acciones que busquen la despenalización total del abor to en el país. Para ello, centrará su accionar en:
Consolidar la estrategia jurídica Procesos administrativos
La estrategia jurídica se consolidará a partir de la interlocución permanente con otras entidades e instituciones que conocen vía administrativa y judicial causas jurídicas relacionadas con los derechos de las mujeres tales como Personerías, Procuraduría, Altas Cortes, Defensoría del Pueblo con miras a coadyuvar en las peticiones, solicitudes y acciones a favor de las mujeres en relación con la IVE.
En especial, se trabajará con la Superintendencia de Salud para que ésta, en cumplimiento de sus funciones, inicie y active mecanismos de control y sanción a las entidades de salud que por negación o lentitud en el servicio de IVE han perjudicado los derechos de las mujeres. Esto supone realizar acciones de gestión e incidencia en la Superintendencia de Salud y activar mecanismos judiciales tales como derechos de petición, acciones de cumplimiento y quejas interpuestas en lo disciplinario en la Procuraduría General de la Nación y ante la propia Superintendencia.
Litigio estratégico de casos paradigmáticos: La experiencia ha mostrado que pese a existir la norma y reglamentaciones al respecto en materia de acceso y procedimientos frente a la IVE, el camino para que se conozca y amplíe la norma a cabalidad todavía es largo. Es necesario Impulsar un litigio especializado que contribuya a la eliminación de barreras y obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo creando para ello estrategias de litigio de género que impulsen dichas acciones jurídicas y administrativas. También, en aquellos casos en que los funcionarios/as judiciales se exceden en sus funciones, es necesario iniciar procesos de sanción ejemplarizantes de carácter administrativo.
Por último, es de vital importancia realizar acciones que permitan seleccionar casos paradigmáticos sobre las barreras que se interponen a la IVE en las tres causales. Una de estas acciones tiene que ver con la documentación de los casos registrada en un banco de datos, acompañada de los argumentos expuestos en sentencias tales como la T-760/200867, la cual permitirá avanzar en la reglamentación ya sea vía tutela o vía disciplinaria. Incluso se puede indagar por la posibilidad de llevar algunos casos a la esfera del litigio internacional que pongan en evidencia el incumplimiento flagrante de la ley y la sentencia C-355/06.
Consolidar la estrategia de incidencia Incidencia en la formulación de protocolos
Es de vital importancia contar con protocolos al momento de realizar la denuncia que informen a la mujer violada del derecho a acceder a una IVE en caso de que resulte embarazada. Las mujeres violadas que acuden a las instancias judiciales a presentar la denuncia lo hacen en muchos casos inmediatamente después de que el delito se ha cometido y no saben qué alternativas tienen si resultan embarazadas, puesto que la atención posterior en el centro de salud no es suficiente y no siempre se implementan medidas de prevención del embarazo como la anticoncepción de emergencia, ni de prevención de infecciones de trasmisión sexual.
En este campo, podrían replicarse en otros municipios experiencias exitosas de apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia sexual que incluyen la asesoría en IVE. Por ejemplo, la experiencia de Bogotá con los Centros de Atención Integral para Victimas de Violencia Sexual (CAIVAS) en los cuales hay personal de la administración distrital que apoya la atención de las víctimas podría ser una interesante experiencia para desarrollar en otros municipios del país, pues estos Centros no sólo cumplen funciones de información sino también de seguimiento de casos. La Mesa podría acompañar el proceso de sensibilización y formación al personal los municipios.
Por último, se hace necesario acompañar el diseño de los propios protocolos que realizan las EPS y las IPS o darles seguimiento para detectar obstáculos y plantear soluciones, sobre todo en la negación del servicio argumentando que no hace parte del contrato con las IPS, o cuando se argumenta objeción de conciencia y la mujer no se remite inmediatamente a otro médico.
Regulación de la objeción de conciencia: En materia de objeción de conciencia es necesario incidir para que el Tribunal de Ética Médica defina los aspectos procedimentales para que los prestadores de salud ejerzan su derecho a la objeción de conciencia.
Regulación de los procedimientos médicos Es necesario avanzar para que las EPS contemplen en los POS exámenes como ecografías de detalle y amniocentesis a partir de la semana quince para evitar diagnósticos tardíos. También es pertinente garantizar que la IVE no tenga que ser realizada en centros de salud de nivel 3. Para ello es indispensable que en las técnicas se incorporen los medicamentos y el AMEU como alternativas al curetaje, lo que disminuiría los costos de la intervención pues podría realizarla un médico general y no requeriría de hospitalización. Consolidar la estrategia de sensibilización y formación.
Para La Mesa es prioritario avanzar en la sensibilización y formación de los operadores de justicia y salud involucrados directamente en las decisiones con los procedimientos para que den un trato adecuado y a la vez una solución oportuna a las mujeres que solicitan una IVE y así se eviten trámites innecesarios que sobrecargan los sistemas de vigilancia y control. De principal interés son los funcionarios de las EPS, las IPS y las Secretarias de Salud, la policía judicial y las fiscalías, al igual que los prestadores de servicios de salud, en este caso especialmente en lo que se refiere a la causal salud.
En lo que respecta a la formación en dirigida a la Fiscalía y a la rama judicial, es importante propiciar procesos de formación desde la lógica de la problemática detectada en las figuras procesales existentes más que en procesos sólo teóricos.
De igual manera, es de suma importancia capacitar multiplicadores y multiplicadoras a nivel nacional de tal forma que los contenidos de las Sentencia y el marco normativo, así como el diagnóstico de las barreras identificadas a la fecha sean socializados en diferentes escenarios, especialmente en aquellos de formación para organizaciones de mujeres y mujeres de base.
Consolidar la línea de producción de conocimiento
La Mesa continuará realizando investigaciones en torno a los diversos enfoques desde los que se puede abordar la problemática. Por ello, promoverá investigaciones multidisciplinarias que ayuden a mejorar la atención integral de las mujeres que soliciten una IVE. En 2009 su primera producción está centrada en un estudio comparativo de los costos que tiene para el sistema de salud la atención de complicaciones como resultado de la realización de procedimientos de aborto en condiciones no seguras y en los casos de postergación de la decisión por la existencia de barreras en el propio sistema de salud frente a los casos de aborto en condiciones seguras y oportunas que ahora están incluidos en el POS.
Consolidar estrategias de comunicación
En un primer momento, La Mesa diseñó una estrategia de comunicación basada en un ejercicio de free press que dio a conocer los contenidos de la Sentencia y del marco normativo. En un segundo momento desarrolló piezas de comunicación dirigidas a diferentes públicos de tal manera que se atendiera a las necesidades de información de las mujeres, de los prestadores de servicios de salud y de las organizaciones sociales, entre otros. En este momento, La Mesa está desarrollando una estrategia de comunicación que apunta a posicionarla como referente nacional en el tema de la libre opción a la maternidad.
Esta estrategia está dirigida a los medios masivos de comunicación con miras a fortalecer la imagen pública de La Mesa y hacia la promoción de los productos técnicos que elabora. Es de suma importancia, entonces, afianzar las relaciones con los medios de comunicación de tal forma que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sea un tema recurrente de la agenda pública tratado desde el enfoque de derechos y de salud pública.
Consolidar alianzas estratégicas
La experiencia de La Mesa ha mostrado que el rol que pueden cumplir instancias como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para hacer valer los derechos de las mujeres frente a las EPS y las IPS es muy importante. Por ello, es necesario avanzar en acuerdos y estrategias de trabajo conjunto y de acompañamiento directo a casos, especialmente en las regiones.
Del mismo modo, La Mesa valora de forma positiva el establecimiento de alianzas con actores estatales y privados comprometidos en la defensa de los derechos de las mujeres. Son de especial interés los vínculos con los medios de comunicación, las entidades prestadoras servicios de salud, las secretarías de salud municipales y departamentales, las agremiaciones de profesionales de la salud, los legisladores, la academia y el Ministerio de la Protección Social, entre otros.
Finalmente, en más de una década de trabajo de La Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, su accionar ha estado delimitado por el antes y el después de la Sentencia C-355. En el antes, su accionar estaba dirigido a crear las condiciones para hacer posible que la despenalización fuera una realidad tanto como un tema de derechos de las mujeres como de salud pública. En el después, se ha dedicado a generar condiciones para que la implementación de la Sentencia se traduzca en un derecho ejercido por las mujeres en condiciones seguras y oportunas, en los casos que la ley lo estipula. El tercer momento es una apuesta hacia el futuro de una Colombia donde cualquier mujer sin distinción de clase, etnia, edad, o cualquier otra característica ejerza el derecho a decidir, en el marco de una normativa que permita el aborto en cualquier circunstancia y garantice procedimientos adecuados y atención integral.
La construcción de un escenario de despenalización en todos los casos no es el más fácil en este contexto. No obstante, existen ejemplos como el de México que pueden servir de referente. Además, Colombia cuenta con un marco normativo sustentado en el derecho internacional de los derechos humanos, con una sociedad cada vez más reflexiva y respetuosa de las libertades individuales y con un Estado laico y social de derecho.
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