Bogotá, 10 de Mayo de 2011. El 10 de mayo se ha constituido en una fecha trascendental para las mujeres colombianas, hace cinco años la Corte Constitucional se pronunció a favor de la protección de los derechos humanos sexuales y reproductivos, reconociendo en la Sentencia C-355 de 2006, que toda mujer tiene el derecho a decidir por una Interrupción Voluntaria del Embarazo cuando éste es resultado de la violencia sexual, cuando existen malformaciones fetales que hacen inviable la vida extrauterina o cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida o la salud integral de la mujer.
Con esta decisión se reivindica la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres como materialización y expresión de la dignidad humana y de sus múltiples derechos; también significa el reconocimiento de la plena ciudadanía y la capacidad de todas las mujeres para tomar decisiones libres, autónomas e informadas sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida; hoy en día el derecho a decidir libremente por la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho fundamental en nuestro país, que se traduce indiscutiblemente en la posibilidad de acceder a servicios seguros, oportunos y de calidad sin ninguna barrera o acción de discriminación.
A lo largo de estos cinco años, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre los alcances de la despenalización parcial del aborto, los organismos competentes han emitido disposiciones para facilitar y viabilizar la prestación de los servicios y superar las barreras. Sin embargo, mientras conmemoramos un aniversario más de esta trascendental decisión judicial, que ha permitido a cientos de mujeres decidir sobre su propio cuerpo en un ejercicio de ciudadanía, otras miles viven a diario los obstáculos del acceso a los servicios y son sometidas a largas esperas o negaciones injustificadas de los servicios de salud que les impiden ejercer plenamente sus derechos, por lo que se ven obligadas en muchas ocasiones a recurrir a abortos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida.
Es preocupante que después de 5 años existan riesgos en el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las Mujeres; las colombianas deben afrontar las múltiples barreras de orden administrativo, institucional, legal o personal mientras la falta de políticas públicas claras para implementar el marco legal para la Interrupción Voluntaria del Embarazo de manera adecuada denota una clara responsabilidad estatal en el incumplimiento de las disposiciones internacionales que en materia de derechos de las mujeres existen. Al respecto, en el pasado periodo de sesión ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres junto con otras organizaciones de América Latina presentaron un informe sobre el acceso al aborto en la región durante la audiencia sobre derechos reproductivos de América Latina, este organismo se pronunció:
“La CIDH reitera que la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección. Esto conlleva el deber de analizar de forma pormenorizada todas las leyes, normas, prácticas, y políticas públicas que en su texto o en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud reproductiva, y prevenir las consecuencias negativas que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de sus derechos humanos en general. Los Estados están igualmente obligados a eliminar todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan como la sanción penal al acudir a estos servicios.” [1]
La despenalización parcial del aborto en Colombia y los esfuerzos para que estos derechos no se queden en el papel, constituyen un significativo avance para el goce efectivo de los derechos de las mujeres; sin embargo, se hace necesario que en el marco de la política pública de salud sexual y reproductiva se incluyan estrategias de implementación efectiva de los servicios y de la superación de las barreras que hoy en día deben enfrentar las mujeres que optan por una IVE, esto significaría un paso más en la superación de la discriminación contra las mujeres haciendo real y efectivo el ejercicio de sus derechos humanos.
La Mesa por las Mujeres recuerda la importancia de proteger la vigencia de las libertades y garantías fundamentales en un Estado orientado por espíritu democrático, laico e incluyente que asegure a todas las personas, especialmente a las mujeres, la posibilidad de decidir en libertad. En este sentido, continuaremos trabajando y vigilando para que estos derechos se cumplan.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es un colectivo de organizaciones y personas que desde su conocimiento y experiencia trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial, por la despenalización total del aborto, y la práctica del aborto seguro y de calidad en Colombia
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