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El Salvador: aborto prohibido, muerte o cárcel seguras

El aborto está completamente penalizado en esta nación centroamericana

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El artículo 133 del Código Penal del Salvador establece que la persona que provoque un aborto y quien se lo realice serán sancionados con prisión de dos a ocho años. "Sin embargo, la Fiscalía suele transformar el delito a homicidio agravado, y son acusadas a 30 años de cárcel".

“María Edis se golpeó el vientre tres días antes de abortar. Del quirófano pasó a las bartolinas, de las bartolinas a la cárcel y de la cárcel a la tumba. Tenía 31 años. Cristina tenía 18 años cuando perdió a su segundo hijo y fue castigada con 30 años de prisión. Una revisión de su caso determinó que los jueces se excedieron y quedó libre cuando ya había estado presa más tiempo que el que ameritaba”.

Estas son las líneas introductorias del reportaje que bajo el título "Madres en el país de la Inquisición" publicó en enero pasado el periódico salvadoreño El Faro.

El artículo salió a la luz pública en un país donde el aborto está prohibido en todas sus formas y la interrupción del embarazo practicada en condiciones de riesgo es la segunda causa de muerte materna, con la tasa más alta de la región, según el Centro de Derechos Reproductivos (CDR).

Para David Pérez, del Diario El Co Latino, el caso de María Edis es emblemático: "Ella sufrió un aborto natural y por culpa de una persona que violó el secreto profesional fue a parar a la cárcel, tiempo después le descubrieron cáncer y al no tener las quimioterapias a tiempo, la enfermedad la venció".

Pérez señala que el artículo 133 del Código Penal establece que la persona que provoque un aborto y quien se lo realice serán sancionados con prisión de dos a ocho años. "Sin embargo, la Fiscalía suele transformar el delito a homicidio agravado, y son acusadas a 30 años de cárcel".

Como lo informó Cimacnoticias en su momento, hasta 1997 en El Salvador existía el aborto terapeútico pero ese año la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal y eliminó la posibilidad de evitar las sanciones penales cuando la vida de una mujer se encuentre en peligro, por un embarazo resultado de una violación o el feto padezca malformaciones severas y previsibles.

Con este cambio la penalidad para la mujer se hizo de dos a ocho años de reclusión y para las o los profesionales médicos de seis a 12, además de la inhabilitación profesional.

En la Campaña Regional "Por una Maternidad Libre y Voluntaria" se indica que uno de los principales promotores del cambio a la ley fue el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), además de Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo de San Salvador, organizaciones confesionales y la Iglesia católica, sin que tomaran en cuenta que en este país centroamericano el 18 por ciento de las adolescentes quedan embarazadas.

El caso de María Edis no es el único, antes hubo otros, así lo informó en noviembre de 2009 el periódico digital ContraPunto.

Isabel fue condenada a 30 años por el aborto espontáneo de su hijo menor, a pesar de que la autopsia arrojaba que la causa del "homicidio agravado" de la cual fue acusada era indeterminada.

"Ella ni su familia nunca escondieron al recién nacido. No hubo ocultamiento del parto ni del embarazo", comentó al diario Dennis Muñoz, defensor de Isabel.

La mujer fue detenida en el Hospital de San Bartolo en octubre de 2004. La tenían con esposas sujetas a la cama. Pero el Juzgado de Paz la dejó libre de cargos días después por no encontrar pruebas fehacientes para incriminarla. El caso fue reabierto y ella condenada el 16 de agosto de 2005.

Por la intervención de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y su abogado defensor, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que la pena impuesta era "excesiva, severa y sobretodo desproporcionada".

Isabel recobró su libertad el 15 de agosto de 2009, luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública cambió la pena de 30 años a tres.

Todo esto es posible, como bien lo marca ContraPunto, luego de la reforma constitucional al artículo 1º, aprobada el 30 de abril de 1997, la cual reconoce como persona a todo ser humano desde el instante de la concepción.

Con ello, "una vez puesta en marcha la nueva legislación, en la práctica las mujeres perdieron el derecho a la presunción de inocencia", se reconoce en el "Balance de cuatro experiencias mesoamericanas en torno a la despenalización/penalización del aborto. Informe de El Salvador", de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, de 2009.

El tema se analizará durante los trabajos del taller con periodistas "Por una Maternidad Libre y Voluntaria" que este viernes y sábado se llevará a cabo en esta ciudad, con la participación la Red Feminista frente a la violencia contra las mujeres en El Salvador, integrada por Las Dignas, Las Mélidas y ORMUSA, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). (CIMAC)


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