La incidencia política es una herramienta para la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones, diferente a los mecanismos tradicionales como el voto, puesto que permite que la sociedad civil directamente pueda avanzar en sus agendas y tener impacto en las políticas públicas al buscar influir en los tomadores de decisiones
La Mesa ha desplegado una estrategia integral de incidencia que ha contemplado acciones dirigidas a la identificación de las barreras para el acceso al derecho a la interrupción del embarazo para lo cual ha generado un mapeo o identificación de actores estratégicos, aliados/as y detractores del cumplimiento de la norma y la formulación de propuestas y recomendaciones dirigidas a los tomadores de decisiones y ante los prestadores de servicios de salud para enfrentar las dificultades, obstáculos y retrocesos en el marco de los derechos adquiridos. Así mismo ha realizado acciones de presión social y de exigibilidad jurídica.
Entre las acciones de incidencia se destaca el constante acompañamiento al Ministerio de la Protección Social en los espacios de discusión y capacitación sobre la Sentencia y el marco normativo. Este acompañamiento se dio tanto en el proceso de reglamentación como en los espacios de socialización y estuvo dirigido a prestadores de servicios, jueces y tomadores de decisiones a partir de foros desarrollados por la Universidad Nacional a mediados de 2007 en los cuales se hizo evidente la necesidad de fortalecer las directrices de la norma mediante el recuento de las experiencias en otros países y de los alcances de la Sentencia, así como la participación de La Mesa en la estrategia de comunicaciones que daría a conocer los contenidos de la Sentencia y del marco normativo.
En este sentido, el Ministerio de la Protección Social, con el apoyo de La Mesa realizó en 2007 la Conferencia Internacional sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo: Colombia, un modelo para la región, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Salud de la Mujer (28 de mayo), en la que participaron 250 prestadores de servicios y expertos en salud pública. El propósito de esta iniciativa fue generar un espacio de discusión técnica y política con el fin de contribuir a una comprensión amplia de la norma, de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud y en concordancia con distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta conferencia, pretendió, a la vez, superar los análisis que reducen el alcance de la causal salud a un listado de enfermedades, impidiendo que las mujeres puedan acceder a la interrupción legal del embarazo proponiendo una mirada integral de la salud tanto por parte de los prestadores de servicios como de los responsables de tomar decisiones.
Otro de los espacios de toma de decisiones que ha venido monitoreando La Mesa son las Altas Cortes, tanto propiciando la exigibilidad jurídica como incidiendo para que sus pronunciamientos estén de acuerdo con los derechos de las mujeres.*
De igual forma, en 2009 La Mesa coadyuvó, ante el Consejo de Estado, al Ministerio de la Protección Social en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por SuSalud EPS contra el acuerdo 000350 del 22 de diciembre de 2006 por medio del cual se incluyó en el POS del régimen contributivo y del régimen subsidiado el procedimiento de evacuación por aspiración del útero para terminación del embarazo como alternativa a la técnica de legrado o curetaje que ya estaba incluida en dicho plan expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. En dicha intervención, La Mesa coadyuvó a la parte demandada a fin de que se negaran las pretensiones de la parte actora. Para este efecto, por un lado se enunciaron los intereses directos en el resultado de la demanda con base en argumentos relativos al derecho a la salud y la disponibilidad y acceso a los servicios de salud para sujetos de especial protección. Por otro lado, se remitieron los resultados de la investigación contratada por La Mesa y realizada por la Universidad de Antioquia sobre la evaluación del costo efectividad de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) como alternativa para la interrupción voluntaria del embarazo.
Con el fin de fortalecer la estrategia de incidencia, La Mesa monitorea permanentemente la actividad legislativa y judicial en materia de derechos sexuales y reproductivos de tal manera que se pueda pronunciar frente a los proyectos de ley en el Congreso de la República y frente a las demandas públicas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional por medio de intervenciones ciudadanas.
Actualmente, La Mesa está revisando el mapa de aliados/as en las diferentes ramas del poder público para fortalecer el análisis y diseño de las estrategias de incidencia de acuerdo con el contexto de la nueva composición de algunos órganos del poder público.
La Mesa se ha constituido en un actor reconocido en la temática, en una fuente de conceptos técnicos sobre temas como la objeción de conciencia, las barreras y técnicas para el acceso a la IVE, entres otros, con el fin de apoyar la labor de los tomadores de decisiones y de las entidades con competencias en la implementación, ejercicio y monitoreo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo así como en la defensa de los derechos de las mujeres.
* Por ejemplo, en marzo de 2008, La Mesa apoyó el caso de una mujer que decidió interrumpir el embarazo y el hospital San Ignacio de Bogotá le negó el servicio, aduciendo que se trataba de una enfermedad compatible con la vida. Según exámenes posteriores, éste fue un diagnóstico equivocado. Dicho diagnóstico fue nuevamente realizado por el Hospital San José y por la Fundación Cardioinfantil donde, en efecto, advirtieron un grave problema en el corazón y otras malformaciones que hacían inviable la vida extrauterina del feto. Después de dicho diagnóstico, el Hospital San José le realizó el procedimiento en las mejores condiciones. Sin embargo, tuvo que sufrir una espera injustificada de seis semanas, a la que fue sometida por parte del primer hospital que la atendió. La Mesa coadyuvó en la tutela interpuesta para hacer valer los derechos de esta mujer. Adicionalmente, el 5 de marzo de 2008, La Mesa, en compañía de otras organizaciones de mujeres de Bogotá, se reunió frente a las instalaciones del Hospital Universitario San Ignacio, con el fin de protestar en contra de la política institucional que, aduciendo objeción de conciencia institucional, se negó a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en los casos que fueron despenalizados según la sentencia de la Corte Constitucional y reglamentados por la normatividad del Ministerio de la Protección Social.
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