Hace 4 años que la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto mediante la Sentencia C-355 de 2006, concediendo a las mujeres en Colombia el derecho a un aborto legal y seguro cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, cuando la continuación de la gestación pone en riesgo la salud o la vida de la mujer y en el caso de que existan malformaciones del feto que hagan inviable su vida.
La Sentencia C-355 es el pronunciamiento más importante de un organismo judicial en materia de derechos reproductivos de las mujeres en Colombia, reconoce que la penalización del aborto es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres, protege la salud (adoptando la definición de la Organización Mundial de la Salud, entendida como un estado de completo bienestar) y reivindica la autonomía sexual y reproductiva como materialización de la dignidad humana y en este sentido las mujeres como sujetas morales, y plenas ciudadanas con total capacidad para tomar decisiones libres, informadas y autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas.
A pesar de este avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, existen graves problemas para que muchas colombianas tengan acceso a los servicios de justicia y de salud; las más frecuentes son la exigencia de requisitos adicionales a los mencionados por la Sentencia C355, la negativa a realizar la interrupción del embarazo por parte de instituciones médicas y profesionales de la salud que invocan la objeción de conciencia de forma irregular para no prestar el servicio médico permitido por la ley, e incluso funcionarios públicos que por motivos confesionales negaron los derechos de mujeres que han solicitado el aborto legal.
Hasta diciembre de 2009, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha acompañado a 123 mujeres que en la totalidad de los casos han encontrado barreras para el ejercicio de su derecho, 48 de ellas (el 39% de los casos) por violación sexual, 22 de estas mujeres eran menores de edad y 11 de ellas tenían menos de 14 años; en la causal por malformaciones del feto incompatibles con la vida fueron atendidas 22 mujeres (18%) y 53 más por Causal Salud (43% de los casos), estas cifras demuestran la existencia de obstáculos en el sistema de salud y de justicia que contradicen lo dispuesto en la sentencia.
Para La Mesa es preocupante que después de 4 años de la despenalización parcial del aborto en nuestro país, existan riesgos en el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las Mujeres y ataques al espíritu laico del Estado Colombiano desde instituciones de vigilancia y control de derechos humanos que de acuerdo con la Constitución Nacional deberían ser ajenas a principios confesionales, impulsando acciones de retroceso que cuentan entre sus efectos visibles la suspensión de algunas disposiciones del marco normativo de salud y justicia, confundiendo a la opinión pública y afectando a mujeres amparadas por la Sentencia, muchas de ellas víctimas de violencia sexual, económica y social, a quienes también se les impide decidir con autonomía sobre su cuerpo y su salud, al negarles el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La Mesa continuará trabajando para lograr en nuestro país la despenalización total del aborto, resaltando la importancia de proteger la vigencia de las libertades y garantías fundamentales en un Estado orientado por un espíritu democrático, laico e incluyente que asegure a todas las personas, especialmente a las mujeres, la posibilidad de decidir en libertad.
Documento
RSS 2.0