Diágnostico participativo e implementación de la IVE en Ibagué

El Colectivo de Mujeres del Tolima  en alianza con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres  realizó en Ibagué el primer Diagnóstico participativo sobre implementación de la Sentencia C-355 de 2006 que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, en el municipio de Ibagué, 2012 – 2017, y contó con la  participación de funcionares de los sectores —salud, protección y justicia— además de adolescentes, jóvenes universitarios, niñas y adolescentes en situación de protección, mujeres de organizaciones y de base comunitaria y mujeres privadas de la libertad.

Dentro del diagnóstico se encuentran como hallazgos principales:

  • Deficiente conocimiento de la sentencia por parte de las instituciones con competencia en la ruta de atención y acceso a la IVE, especialmente entre las instituciones del sector justicia. Además, desconocimiento de la sentencia y en general de los derechos sexuales y reproductivos por parte de adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, lo que está afectando el acceso a servicios de SSR.
  • Inexistencia de un protocolo de información y orientación sobre IVE para mujeres gestantes infectadas con el virus del Zika, pese a que Ibagué es una zona endémica para la transmisión de esta enfermedad.
  • Deficientes mecanismos de información y comunicación en las IPS que permitan a las mujeres conocer su derecho a la IVE y nula información, educación y acceso a la anticoncepción de emergencia en las IPS de Ibagué.
  • Carencia de espacios acondicionados para la realización de los procedimientos de IVE en las IPS que prestan el servicio, con excepción de Profamilia.
  • Inexistencia de una institución prestadora de servicios de salud que practique la IVE en tercer trimestre, lo que impone trámites administrativos de remisiones y autorizaciones a las mujeres que quieren acceder a la IVE y se encuentran en avanzada edad gestacional.
  • Prejuicios morales, violación de la confidencialidad e intimidad de las mujeres y tratos degradantes que pueden suceder en el sector salud, lo que hace que las mujeres no tengan más opción para acceder a la IVE que buscar sitios clandestinos o prácticas abortivas inseguras o riesgosas.
  • Van en aumento los casos de judicialización hacía las mujeres que han abortado en el municipio, lo que permite constatar que hay una comprensión restrictiva de la sentencia y un prejuicio legal que puede llevar a que las mujeres no accedan a los servicios de salud y pongan en riesgo su vida.

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