Violación, brutal arma de guerra que no da tregua en el país

REVISTA DE PRENSA – COLOMBIA – EL TIEMPO

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Defensoría del Pueblo denuncia que a través de panfletos se están intimidando a líderes y desplazadas.

La noche del Jueves Santo, los habitantes del barrio Popular I, en la comuna nororiental de Medellín, fueron despertados por una intensa balacera. Robinson Jesús Celis moría acribillado en su cama.

El asesino se llama Jhon Jairo, uno de los sicarios que trabaja para la banda de ’Sebastían’, y mató a Robinson porque, la víspera, ese hombre, al servicio de ’Valenciano’, había abusado sexualmente de su novia, de tan solo 14 años, como represalia en medio de la guerra que mantienen estos dos grupos por el control de la llamada ’Oficina de Envigado’.

No es un hecho aislado. Cada vez son más comunes las violaciones de novias y hermanas de los integrantes de bandas delincuenciales rivales, con lo que la utilización de la mujer como arma de guerra sigue, desafortunademente, muy vigente en el mapa de la violencia nacional.

Con los rezagos vivos de los abusos cometidos por los paramilitares contra miles de mujeres en diversas zonas rurales, todo parece indicar que el fenómeno se ha trasladado ahora a las ciudades.

Según la Comisión Nacional de Reparación, los casos cuyo victimario son las nuevas bandas emergentes van en aumento. “En las principales ciudades se están presentando violaciones por parte de grupos juveniles organizados. Estos que son pagados por bandas criminales que buscan manejar la delincuencia en las ciudades. Es una práctica que usaban los paramilitares y ahora es heredada”, señala Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arcoiris.

El caso de Elizabeth

Paralelamente, varias ONG y la Defensoría del Pueblo denuncian otro nuevo frente de este problema: las líderes de organizaciones sociales y redes de mujeres que se han dedicado en los últimos años a prestar apoyo a las mujeres abusadas, son ahora objetivo. Es el caso de Elizabeth, líder de una ONG en Medellín, que fue secuestrada y violada junto con la víctima a la que atendía, por un grupo de hombres encapuchados.

Según la Defensoría, cerca del 30 por ciento de las mujeres desplazadas en Colombia han sido víctimas de violación. El parte de Medicina Legal indica que en el 2009 fueron atendidos 62 casos de abuso contra ellas.

La Defensoría, por su parte, alerta que este año empezaron a circular panfletos, impresos y por vía electrónica, intimidando a líderes, y mujeres víctimas del conflicto. Las amenazas han sido subvaloradas por las autoridades y algunas se han concretado.

“Entre los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los programas de protección es que no se le da la importancia que requiere a las amenazas, que finalmente termina concretándose”, dice la delegada para la mujer de la Defensoría del Pueblo, Pilar Rueda.

Este año, las ONG han documentado por lo menos 40 casos de abuso sexual contra líderes y trabajadoras de redes de mujeres. Los puntos neurálgicos son Cauca, Bogotá y Medellín. Allí los mensajes están firmados, en su mayoría, por las ’Águilas Negras’.

“Los panfletos se comenzaron a ver como un riesgo normal y ordinario”, añade Rueda, quien además asegura que los mecanismos de protección que ofrece el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, no se ajustan a las necesidades ni el riesgo de las mujeres líderes.

Es el mismo llamado que hace la Alianza Iniciativa Mujeres por la Paz (IMP), que denuncia amenazas en los 35 casos que llevan de víctimas de violencia sexual, y que provienen de bandas criminales.

“Si no existen garantías para nosotras, mucho menos para las víctimas, porque es cierto, para el Estado y las autoridades este es un delito invisible”, señala una de las líderes amenazadas.

Un millar han pedido reparación

Preocupa, además, que haya pocos procesos judiciales y la lentitud de los mismos. En el marco de Justicia y Paz, la Fiscalía tiene documentados más de 500 casos mencionados por los paramilitares. Sin embargo se cree que, en la última década, pueden pasar de 12.000.

Ya son 1.078 las mujeres que han pedido reparación administrativa ante el Gobierno por abuso sexual cometido por grupos armados.

Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a 18 mujeres líderes y a la organización Sisma Mujer, una de las más reconocidas del país.

Sin embargo, estas medidas son poco para ellas, que ven la impunidad como una segunda violación.

’Me lavaron la cara para borrar evidencia del abuso’

Angélica Bello tiene 42 años y en la última década la violencia y las amenazas contra su vida la han obligado a cambiar de ciudad cuatro veces. En noviembre pasado tuvo que huir a La Guajira -es de Villanueva (Casanare)-, luego de que hombres armados la retuvieran en el centro de Bogotá y la obligaran a practicarles sexo oral.

Bello, quien es representante ante la Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada, recuerda que eran las 3 de la tarde cuando sus agresores la obligaron a subirse a un taxi, luego de salir de una entidad del Estado en la que pedía reevaluar su nivel de riesgo, pues desde el 2008 su nombre aparece en panfletos en los que le advierten que debe dejar su labor y callar. “Te vas a quedar quieta o te vas a morir”, le decían los victimarios. En medio del abuso fue golpeada y señalada de ser auxiliadora de la guerrilla y de perturbar el desarrollo de las políticas del Estado. La líder dice que, pese a que denunció el hecho, la investigación no avanza por falta de pruebas. “Para borrar la evidencia, me lavaron la cara y me obligaron a tomar agua”, cuenta Bello. Su caso será expuesto en la Corte Constitucional en un informe de la Defensoría del Pueblo.

Abusada cuando atendía a víctima

En noviembre del año pasado, y después de contar su caso a la Fiscalía de Bogotá, varios hombres intentaron atacar a Eli- zabeth, de 34 años, que como lí- der de una ONG en el oriente antioqueño fue abusada sexual- mente. En el 2007, ella salió de su casa a territorio rural para es- cuchar el testimonio de una mujer a la que las Auc le mataron a su esposo y, producto de los abusos a los que fue sometida, tuvo un hijo de un ’para’. Al caer la tarde tres hombres encapuchados -a los que llama “los herederos de los paramilitares”- entraron a la humilde vivienda: a la víctima con la que hablaba la violaron para que no denunciara y a la líder, para que dejara de buscar la verdad. “Uno tiene dos opciones en la vida: ser malo y tomar venganza o mirar las opor- tunidades. Yo escogí apoyar a las víctimas”, dice esta mujer madre de dos hijas. Elizabeth fue la víctima número 14 en denunciar estos abusos en la zona y desde entonces se la pasa huyendo. No habla por teléfono porque, asegura, lo tiene ’chuzado’, y han intentado secuestrarla dos veces. “Lo único que quieren es desaparecerme”, dice, y agrega que cada paso que da en la justicia le trae una amenaza.

’Saquen mi cuerpo de la guerra’, la campaña a nivel mundial

La problemática de abuso sexual contra las mujeres en Colombia, en el marco del conflicto armado, ha llegado a instancias internacionales gracias al trabajo de varias redes de mujeres y ONG defensoras de derechos humanos.

Una de ellas es Oxfam Internacional, que en octubre del año pasado inició la campaña ’Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra’.

Con un grupo de investigadores colombianos y españoles, Oxfam empezó hace más de un año un recorrido por todo el país, para recoger los testimonios de las víctimas, así como la interlocución con la Fiscalía y otras autoridades. Se espera que en octubre del 2011 entregue una investigación que permita tener un mapa sobre la realidad de este delito.

El primer informe fue presentado ante el gobierno español a finales del 2009, así como ante los parlamento Europeo y Británico. Esto generó que España pusiera como uno de los puntos de la agenda de trabajo, en la presidencia de la Comunidad Europea, el tema del abuso contra las mujeres colombianas.

Así mismo, hace dos meses el Partido Conservador de Reino Unido incluyó en un reporte de derechos humanos una serie de sugerencias al Gobierno colombiano, en las que pide tomar medidas para proteger al género femenino. Uno de los llamados está dirigido a que se promueva una agencia para la mujer.

Pero, además, cita una resolución dedicada a la necesidad de atender la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto, y pide su implementación para el país.

Según el informe de Oxfam, “la violencia sexual contra las mujeres (y las niñas) en el conflicto colombiano es empleada de manera sistemática y generalizada”.

Fuente: El Tiempo

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